El
régimen socialista de Venezuela ha consolidado un control político casi total
después de instalar una asamblea constituyente todopoderosa. Resolver la crisis
económica y conseguir $3.500 millones para los pagos de bonos hasta noviembre
resultará más difícil.
El presidente Nicolás Maduro logró superar
las violentas manifestaciones callejeras, el discurso estadounidense sobre la
fuerza militar y varias rondas de sanciones. Su nueva asamblea constituyente
está eludiendo al congreso y se espera que comience a redactar una nueva
Constitución esta semana.
Pero el resultado final puede ser que Maduro
tenga la responsabilidad exclusiva del colapso financiero terminal de un país
que fue rico.
Maduro ha estado buscando nuevos salvavidas
financieros en Rusia en tanto ha reducido las importaciones, cancelado deudas y
vendido o hipotecado activos con un fuerte descuento. Al 31 de julio, el
gobierno había acumulado $2.800 millones para sus pagos de noviembre, según la
firma consultora con sede en Caracas Ecoanalítica.
No pagar las deudas podría profundizar las
restricciones económicas del país y los acreedores podrían comprar activos de
Venezuela en el exterior —de todo, desde refinerías hasta buques petroleros y
estaciones de servicio— debilitando aún más su capacidad exportadora.
No obstante, su director Asdrúbal Oliveros,
se mostró escéptico respecto de que, más allá de este año, el gobierno pueda
cumplir si continúa alienando a los inversores y a los líderes regionales. “El
gobierno sigue atrapado en la misma dinámica, está sosteniendo un sistema
insostenible”, dijo.
El nudo se sigue ajustando. La semana pasada,
el gobierno de Trump prohibió la negociación de deuda nueva emitida por el
gobierno venezolano y la compañía PDVSA, y bloqueó las operaciones en algunos
bonos existentes que son propiedad del sector público del país. La prohibición
está destinada a evitar que las entidades públicas venezolanas puedan vender
bonos en el mercado secundario.
Dado que Venezuela se encuentra
económicamente aislada, la inflación se ha disparado y el país se ha visto
arruinado por la escasez de todo, desde repuestos para autos hasta medicamentos
básicos. La mortalidad infantil y enfermedades como la malaria han aumentado,
en tanto servicios deficientes y planes alimentarios poco confiables han
impulsado una agitación violenta entre quienes fueron en su momento leales a
Maduro y a su mentor, Hugo Chávez.
Venezolanos como Adriana Rangel, una
secretaria de 39 años, acuden en masa todos los días a los cajeros automáticos
ya que los retiros están limitados a unos pocos dólares. Esperando en la fila
de un banco en el distrito de negocios en el este de Caracas, Rangel se quejó
de las horas que pierde cada semana con esta rutina.
Maduro no ha dicho cómo mejorará los
problemas de Venezuela, desde que asumió el mando después de la muerte de
Chávez en 2013, Maduro, de 54 años, insiste en que los males del país no son
consecuencia de una mala política, sino más bien de una ofensiva librada por
los enemigos de su gobierno de izquierda. Se ha negado a relajar los controles
económicos implementados por su predecesor pese a que el precio del petróleo,
la savia de Venezuela, se desplomó.
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